Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México, a 12 de mayo de 2022.- Integrantes del Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y de El Barzón acusaron a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván de “impulsar a través de la Fiscalía General del Estado (FGE) 20 órdenes de aprehensión en contra de habitantes del ejido Constitución y Benito Juárez para favorecer a la familia Lebarón y facilitar la indebida electrificación de pozos ilegales en el Rancho La Mojina”.
Esto a pesar de la grave crisis por las sequías recurrentes acentuadas en los últimos 10 años y que ha provocado que desde el 2012 varios productores agrícolas con concesiones legales para extraer el agua del subsuelo de la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen hayan visto disminuidas sus cosechas por el abatimiento de mantos acuíferos de esa zona.
Por ese motivo, se inicio el cancelamiento de más de 400 pozos ilegales aperturados en la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen ya que la sobreexplotación ilegal, no sólo afecta a las familias que cuentan con concesiones para sembrar sus parcelas y producir alimentos, sino que está provocando un daño irreversible a los recursos naturales, denunció Martín Solís.
Sin embargo, a pesar de dicha situación, la gobernadora de Chihuahua no solamente impulsó las órdenes de aprehensión en contra de ambientalistas, sino que además reactivó la denuncia penal interpuesta por la empresa minera canadiense en contra de integrantes del Ejido Benito Juárez por desalojar a la mina, luego que no acatar la resolución de asamblea que resolvió expulsarlos del territorio ejidal.
En este sentido, Martín Solís refirió que la actitud de la gobernadora es contradictoria ya que en su momento durante el conflicto del agua en la presa La Boquilla, ella estuvo acompañando a los productores en la lucha y fungió como intermediaria para la liberación de los productores que se mantenían detenidos; en contraste y franca contradicción, hoy ejerce acción penal en contra de quienes también defienden el agua.
Por ese motivo, solicitaron al Gobierno del Estado de Chihuahua “no utilice el derecho penal para someter a una comunidad en favor de productores ricos que usan el agua de manera ilegal”.
Mientras que al Gobierno Federal solicitaron que de forma urgente, las autoridades encargadas del cuidado del medio ambiente, resuelvan de forma justa e integral el problema planteado desde hace 10 años que está acabando con el agua de Chihuahua.
El Ejido Benito Juárez, del municipio de Buenaventura es uno de los principales afectados por la sobreexplotación de la Cuenca, adicionalmente, desde el 2012 se enfrentan a una empresa minera canadiense que pretendía instalarse en su territorio y realizar explotación a cielo abierto.
La defensa por el agua y los recursos naturales ha cobrado la vida de Ismael Solorio y Manuela Solís, asesinados en octubre de 2012, así como de Alberto Almeida ultimado en febrero de 2013. Desde entonces el caso es del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien otorgó medidas cautelares a favor de 13 personas.
El Ejido Constitución, del municipio de Buenaventura conformado por más de 894 ejidatarios, se ubica frente al Rancho La Mojina propiedad de la familia Lebarón, rancho que han utilizado para el cultivo de nogales aun cuando estas tierras no cuentan con permiso para la siembra, precisamente por la sobreexplotación del acuífero y la falta de disponibilidad de agua en la región; sin embargo, la familia Lebarón sin permiso y de forma ilegal mantiene abiertos al menos 10 pozos que usan para la siembra de 300 hectáreas de nogal, afectando a más de 800 familias campesinas que sí cuentan con concesiones legales para extraer el recurso hídrico.
La situación se ha denunciado ante todas las instancias posibles, demandando la solución del problema sin que ninguna autoridad haya implementado alguna acción real para impedir el robo del agua y la sobreexplotación del acuífero.
En este contexto en 2018 más de 500 integrantes de Constitución, incluidas niñas y niños ingresaron al Rancho La Mojina para verificar si los pozos se encontraban funcionando, al ingresar fueron recibidos a balazos por los trabajadores que ahí se encontraban, por lo que comenzó una confrontación que terminó en agresiones físicas y materiales. Dentro del Rancho La Mojina se detectaron 11 pozos funcionando para el riego de las 300 hectáreas de nogal, mediante el uso de motores de combustión interna.