César Duarte y la Operación Safiro

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 7 de junio del 2022.- Luego de dos años de permanecer detenido en una cárcel de Miami, Florida en los Estados Unidos, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez regreso a México, esto mediante un proceso de extradición por los presuntos delitos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Fue la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR) quienes llevaron cabo el proceso de extradición y entrega del exmandatario priista a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, proceso que concluyó el pasado jueves 2 de junio a las 17:00 horas.

Acompañado de efectivos de la Secretaría de la Marina y del Ejercito Mexicano, Duarte Jáquez arribó al aeropuerto internacional Rodolfo Fierro donde elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) lo recibieron para trasladarlo al Cereso No.1 de Aquiles Serdan donde fue entrevistado por visitadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) a quienes el exmandatario refirió que las condiciones de su traslado “estuvieron bien”.

El exgobernador arribó a tierras mexicanas a bordo de un jet Bombardier Challenger con matricula XB-NWD, aeronave en la cual fue extraditado a los Estados Unidos el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, además de Alonso Ancira y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

César Duarte fue extraditado debido a una orden de aprehensión liberada el 8 de octubre del 2019 por un juez de Chihuahua  en la cual se le señala al exmandatario priista por un desvió de 96 millones 685 mil pesos provenientes de recursos públicos, hecho que se suscitó entre el 2011 y 2014, período en el cual fungía como gobernador del Estado.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la “Operación Justicia para Chihuahua”, estos más de 96 millones de pesos fueron sustraídos de las arcas públicas con el objetivo de “pagar” a dos empresas en las que César Duarte Jáquez fungía como accionista y socio.

Estas empresas son: Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera División del Norte S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. De acuerdo con las indagatorias a la primera se le transfirieron 64 millones 685 mil 253.80 pesos, mientras que a la segunda se le depositaron 32 millones de pesos, lo que da un total de 96 millones 685 mil 253. 80 pesos.

Durante el desarrollo de la audiencia que duró más de 12 horas tras terminar los antecedentes de parte de la Fiscalía General del Estado, el juez de control entregó la lista de los nombres de las personas que tienen una calidad de testigo protegido en las acusaciones en su contra y donde salieron a relucir diversos nombre de exfuncionarios estatales que durante el sexenio de Duarte Jáquez.

Las transacciones se realizaron a pesar de que la ley prohíbe de manera expresa que un servidor público destine recursos públicos a las empresas que son de su propiedad, refirió el Ministerio Público al momento en que Duarte Jáquez fue presentado ante el juez.

Durante la audiencia, Duarte Jáquez ejercicio de su derecho de no ser fotografiado, ni que su imagen fuera difundida por los distintos medios de comunicación, asimismo, refirió que “desconocía los cargos que se le imputaban”.

Cabe destacar que esta orden de aprehensión no es la única que pesa en contra de Duarte Jáquez alrededor de entre 40 y 50 carpetas de investigación en su contra de las cuales pesan ya 20 órdenes de aprehensión en su contra, esto de acuerdo con información vertida en su momento por el entonces fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel.

De acuerdo a la “Operación Justicia para Chihuahua” Duarte Jáquez además de construir una amplia red de corrupción política edificó una red de protección corruptora que operó a través de la entrega de dinero en efectivo a distintos actores políticos y sociales de diferentes partidos e instituciones, a diputados locales, empresarios, líderes de opinión, algunos columnistas y algunos medios de comunicación, refirió el entonces gobernador Javier Corral Jurado.

Fue en ese contexto que trascendió la existencia de lo que se conoció como la “Nómina Secreta de César Duarte”, y donde, se estuvieron manejando nombres de diputados, dirigentes en el Congreso de Chihuahua quienes recibieron cerca de 13 millones de pesos de la “nómina”, de acuerdo con un testigo e información vertida por el Gobierno del Estado.

A través de esa caja chica o nómina secreta se habrían desviado más de 500 millones de pesos que conformó un modelo de asociación delictuosa que, de alguna manera, se convirtió en protectora de César Duarte Jáquez porque compraba su silencio y se le permitía la intromisión en partidos a cambio de dinero entregado en efectivo, les hacían firmar recibos para acreditar para qué se les estaba dando, detalló Javier Corral Jurado.

“Cumplían funciones de silenciamiento o complicidad de ciertas cosas que él pensaba hacer, se conoce como la nómina secreta. Varios de estos asuntos ya están encaminados ante el Ministerio Público, son investigaciones que se han ido dando. Será importante resolver una vez que el ex gobernador esté compareciendo ante los tribunales de Chihuahua”, agregó.

Sin embargo, esta red de corrupción no terminó aquí, sino que se encuentra entrelazada a la “Operación Safiro” la cual fue un mecanismo nacional de corrupción y desvió de recursos del erario de Chihuahua, Sonora, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y de la delegación Milpa Alta de la Ciudad de México esto a través de once empresas fantasmas, que según testigos- estaban “blindadas” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

A través de esta “operación” en Chihuahua entregó a la dirigencia del PRI encabezada por Manlio Fabio Beltrones 250 millones de pesos correspondientes a recursos del Ramo 23, los cuales fueron dirigidos a campañas del tricolor.

Por ese motivo, dentro de dicha investigación fue detenido y procesado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez “La coneja”, secretario adjunto del PRI durante la dirigencia de Manlio Fabio Beltrones, comentó Javier Corral Jurado.

La “Operación Safiro” fue un mecanismo en el cual se lograron desviar recursos por hasta 650 millones de pesos de los cuales 250 millones correspondieron solo al estado de Chihuahua.

De acuerdo a una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) descubrió que esas 4 empresas y otras 8 vinculadas, recibieron en 2016 transferencias equivalentes aquel año a 36 millones de dólares.

Ricardo Yáñez, ex secretario de Educación de Chihuahua y quien fue sentenciado a cuatro años de cárcel por el desvío de recursos, declaró al Ministerio Público que, en una reunión realizada en 2016 en la sede nacional del PRI, dirigentes de ese partido le dijeron que no se preocupara porque las empresas fantasmas utilizadas “estaban blindadas por parte del SAT y que además Chihuahua no era el único estado en que se había manejado el desvío de fondos, que también había ocurrido en otras entidades con una mecánica similar”.

Aún más, en su declaración añadió que el entonces Gobernador de Chihuahua, César Duarte, le informó que el dinero para los contratos simulados había sido autorizado expresamente por la Secretaría de Hacienda de la Federación en acuerdo con Manlio Fabio Beltrones para operar campañas electorales del PRI en otros estados.

Según la información recopilada por MCCI, los mayores desvíos realizados aquel año a la red fantasma corresponden a las gestiones de los gobernadores priístas de Chihuahua, César Duarte (246 millones de pesos); Durango, Jorge Herrera Caldera (230 millones) y Sonora, Claudia Pavlovich (140 millones).

El Congreso de Morelos transfirió al menos 16.4 millones de pesos y el Gobierno de Colima, encabezado por José Ignacio Peralta, otros 15 millones. En la investigación se localizaron operaciones de la red fantasma en el Estado de México, en el periodo de Eruviel Ávila, así como en la gestión del priísta Jorge Alvarado en la delegación de Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México, aunque en ambos casos los montos documentados fueron mínimos.

Según los testimonios, el dinero desviado era de origen federal. En una base de datos elaborada por MCCI, se comprobó que el año en que ocurrió el desvío, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) multiplicó las asignaciones presupuestales a tres de las entidades involucradas.

Las participaciones del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), que la SHCP maneja en forma discrecional, aumentaron en 2016 más de 500% para Chihuahua, 22% para Colima y 12.7% para Durango.

Pero estas no son solo las acusaciones que pesan en contra del exmandatario priista, sino que también Duarte Jáquez es acusado de enriquecimiento ilícito, a nivel federal, enfrenta una denuncia por peculado por 14 millones de pesos, acusación que le imputó la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por retener un porcentaje de los salarios de los trabajadores del Gobierno de Chihuahua para presuntamente entregarlos al PRI.

Los excesos y la corrupción distinguieron a su Gobierno por lo que en septiembre de 2014 fue denunciado junto con su secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, por una colección de ilícitos: peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades.

Esto debido a la creación de un fideicomiso en Banorte, el cual fue constituido por Duarte Jáquez y su esposa Bertha Gómez Fong para fondear la compra de acciones de lo que sería el Banco Unión Progreso Chihuahua.

Fue el abogado, Jaime García Chávez quien dio a conocer que a través de más de 300 transferencias del Gobierno del Estado a Banorte se reunión un monto de 80 mil millones de pesos.

Fue en el 2014, cuando fueron detectadas 342 transferencias del gobierno del estado de Chihuahua hacia el Banco Unión Progreso, donde se contabilizaron al menos 80 mi millones de pesos en pagos que salieron desde la Secretaría de Hacienda.

La asociación Unión Ciudadana, liderada por Jaime García Chávez, fue la que detectó las irregularidades y las denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) ya que la Fiscalía General del Estado (FGE) no inició investigación alguna sobre el presunto desvío de recursos públicos al banco.

Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda de Duarte, cinco días antes de ser nombrado funcionario público, creó la empresa Multiopciones de Servicios Progreso de Delicias, que más tarde se conformaría como parte del Banco Unión Progreso, entidad financiera en la que el ex mandatario invirtió más de 65 millones de pesos de las finanzas de la entidad.

Al cierre del tercer trimestre de 2018, la cartera vigente del banco Progreso de Chihuahua representaba el 91% de sus activos totales, con un índice de morosidad de 1.12 por ciento.

Sus principales fuentes de financiamiento eran los préstamos de socios con al menos 44.46%, de las instituciones de banca múltiple con 36.54% y de la banca de desarrollo con 16.47%, de acuerdo con la CNBV.

A casi cinco años de esos movimientos, en 2019, Banco Unión Progreso, la institución también vinculada a Bertha Gómez Fong, esposa de Duarte Jáquez dejó de otorgar créditos agropecuarios a los chihuahuenses, pese a cumplir con todas las revisiones y pruebas de que no irá a la bancarrota.

Durante el quinquenio del exgobernador Javier Corral Jurado se llevó en desmantelamiento de estas redes de corrupción esto a través de la “Operación Justicia para Chihuahua” en la cual fueron detenidos algunos personajes públicos como el exalcalde Javier Alfonso G.P, exdirector de Administración de Hacienda, Gerardo V. M, exdirector de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, Antonio T. G. exsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Y. H., e xauditor superior del Estado, Jesús Manuel E. F., ex directora administrativa de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua, Karla Areli J.B., exdirector de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda, Sergio M. I., exsecretario de Finanzas del PRI, Pedro M. R., exdirector de Administración y Finanzas de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Édgar Omar R. M., exdirector de Planeación y Evaluación del Ayuntamiento de Chihuahua, Enrique Carlos V. Z., ex diputado local de Movimiento Ciudadano, Fernando R. R., empresario, Jaime Agustín F. R., empresario, Germaín L. C., empresario, Iván Eli S. J., empresario Otto V. B., el notario Fernando U. R., el ex director de Finanzas del PRI, Alejandro G. G., ex secretario técnico del exgobernador, Jesús Manuel L. H., ex director general del Sindicato de Trabajadores de la Educación Sección 8, Alejandro V. A., ex director ejecutivo de Administración de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Diógenes B. V.

21.- Exdirectora de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Martha Patricia B. B.,  Ex asesor técnico de la Dirección de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda, Edmundo Felipe G. L.,  Guadalupe M. A., apoderada legal de las empresas del exgobernador, Erik Manuel H. A., exdirector general de Programas de Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda, Exsecretario de Educación, Marcelo G. T., Exfuncionaria del DIF Estatal, Mayra Julieta U., Eduardo E. G., exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jesús Manuel B. O., exfuncionario de Desarrollo Rural y exdelegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua),  Jesús Alberto Z. P., empresario, Exsecretario general de Gobierno, Raymundo R. M., Magistrado Jorge Abraham R.B.

De los funcionarios antes mencionados ya la mayoría se encuentra en libertad, alguno de ellos fueron absueltos, otros pagaron la remediación del daño al erario otros se encuentran enfrentando su proceso en libertad mediante el pago de fianzas, pero la mayoría ha asegurado e incluso acusaron al exgobernador Javier Corral Jurado de utilizar la justicia como una venganza política en contra de sus adversarios.

No obstante, la verdad de las cosas es que Chihuahua enfrenta una gran deuda pública que tardará muchos años y administraciones en el futuro para poder subsanar los daños ocasionados por la corrupción que lastimo no solo el erario estatal, sino que además puso en descubierto la indolencia de la sociedad política en contra de quienes menos tienen, pues las afectaciones no solo se traducen en recursos públicos, sino que estos se trasladan en obras y servicios.