Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 5 de octubre del 2022.- En 2019, el Senado aprobó por unanimidad que el Ejército realizara tareas de seguridad pública hasta 2024, mientras se consolidaba la Guardia Nacional. Este martes se dividió: con 87 a favor y 40 en contra, el pleno aprobó ampliar cuatro años más la permanencia de los militares en las calles.
El bloque de contención se rompió y también el grupo parlamentario del PRI. Pues a los votos a favor de Morena y aliados del PT, PES y PVEM, se unieron los de los priistas Sylvana Beltrones, Eruviel Ávila, Carlos Aceves del Olmo, Jorge Carlos Ramírez, Verónica Martínez, Nuvia Mayorga, Manuel Añorve, Ángel García Yañez y Mario Zamora. Además de la ausencia de Claudia Anaya.
Los priistas que mantuvieron su voto en contra, como lo habían anunciado, fueron Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada, además de Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes.
También mantuvieron su posición en contra PAN, Movimiento Ciudadano, Grupo Plural y Juan Manuel Fócil del PRD.
Mientras que del PRD votó a favor el coordinador, Miguel Ángel Mancera, y Antonio García Conejo, pese a los llamados del dirigente del partido, Jesús Zambrano, a votar en contra.
“Intercambiaron la militarización del país por impunidad (para el PRI)”, dijo Xóchitl Gálvez del PAN.
“¡Claudicaron en lo más importante para México, su libertad! En el momento de mayor filtración de la historia sobre la actuación del Ejército, sobre el espionaje a periodistas, sobre la criminalización de las mujeres, sobre los negocios, los privilegios, los abusos…”, agregó.
“Lo que les molesta fue la audacia de hacer de este Congreso el centro de la estrategia de seguridad, ¡Eso es lo que les molesta! ¡Les molesta que no son ellos, que no lo propusieron!, les molesta que vamos a ver aquí a los militares (…) Aquí amigos, van a estar los militares rindiéndole cuentas a la República civil”, dijo por su parte el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI.
El debate se dividió entre quienes reclaman que el gobierno federal fue incapaz de construir una Guardia Nacional civil, así como fortalecer a las policías locales, pese a que fue su compromiso desde 2019, y quienes creen que no hay de otra, que si no se le permite a las Fuerzas Armadas continuar en las calles hasta 2028 se va a agudizar el problema de inseguridad.
“La discusión debe servir para definir qué hacemos para que las Fuerzas Armadas dejen de ser necesarias y este dictamen no responde a esta pregunta, en todo caso, lo que hace es comprobar que durante 4 años no hicieron nada”, reclamó Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano.
“Coincidimos en el fondo. Entendemos que no es lo mejor para México, pero en este momento es lo más necesario. Es política y socialmente necesario este acompañamiento de las Fuerzas Armadas”, reconoció Eduardo Ramírez de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Durante el debate se hicieron duras acusaciones en contra de Morena y el gobierno federal, desde que hubo «amenazas a opositores» hasta que hubo «moches».
“¡El gobierno ofreciendo dinero a cambio de votos! y que nadie me diga que no es verdad. ¡Que nadie me diga que no es verdad!”, acusó el senador Julen Rementería, coordinador del PAN.
“¡Hay ofrecimientos indignos!, que rayan en épocas que pensábamos que ya no había. ¿No que eran diferentes?, ¿No que no eran lo mismo?, ¡No, son peores!”, remató el panista.
En respuesta, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, negó tajantemente las acusaciones de presiones, amenazas y moches.
“Nos deslindamos totalmente de cualquier tipo de conductas que aquí por el protagonismo estéril y perverso, pretenden atribuirle a nuestro movimiento”, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.
“¿Por qué no denuncian quienes han recibido amenazas? Tienen inmunidad procesal, son senadores y senadoras, ¿por qué callarse? ¿Por qué no actuar con valentía frente a la sociedad? Mucho se los agradecerá México para no entrar en esta sarta de mentiras”, agregó.
Por un momento el debate se vio opacado por insultos de la senadora Lilly Téllez, del PAN, y comentarios machistas de la legisladora Rocío Abreu de Morena.
También por un choque entre Claudia Ruiz Massieu, del PRI, y Félix Salgado Macedonio, de Morena, quien usó el asesinato del padre de la priista, José Francisco Ruiz Massieu, para ejemplificar la violencia de sexenios anteriores.
Salgado Macedonio dijo que el asesinato «fue un crimen de estado» y que «lo mandó asesinar Carlos Salinas de Gortari».
«No le permito que mencione a mi familia sin fundamento», respondió la senadora.
Pero durante más de ocho horas de debate, el fondo de la discusión fue el riesgo de seguirle dando más poder al Ejército en el ámbito civil.
“El próximo presidente de México, para que gobierne, tendrá que domar a las Fuerzas Armadas. No podrá ser presidente sino se doma a las Fuerzas Armadas. Lo que aquí se está construyendo es un estado de sitio light, un toque de queda suave”, dijo el senador Germán Martínez, del Grupo Plural.
Monreal destacó que para que transitara el proyecto se incluyeron varias inquietudes de la oposición, como el fortalecimiento de las policías con un fondo que comenzara a operar en 2023.
“Esta propuesta fue hecha por el PRI, por el PRD, por Morena y por varios legisladores. Con esta modificación se materializan los contenidos y alcances de la jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte, que permiten justificar de manera excepcional la participación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública”, comentó el zacatecano.
Sin embargo, senadores y senadoras de oposición que votaron en contra dijeron que se trataba de una “simulación”, porque las modificaciones ya se encuentran en la reforma constitucional de 2019, como los controles parlamentarios y las previsiones presupuestales para las policías municipales y estatales, y que el problema es que el gobierno no ha cumplido.
“Este dictamen va a perpetuar una simulación, porque aunque sea mejor que el que vimos la semana pasada, lo que no contiene, porque no lo puede contener, es la voluntad política del gobierno de que va a cumplir con los compromisos que hizo con nosotros en 2019”, dijo la senadora Claudia Ruiz Massieu del PRI.
También criticaron la ingenuidad de creer que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y el de la Marina, Rafael Ojeda Durán, rendirán cuentas al Senado.
“Ha tenido varias reuniones esta comisión, sin embargo, ausentes los secretarios de Defensa, Marina y Seguridad”, ironizó el panista José Alfredo Botello sobre el desaire que ha sufrido la Cámara Alta. “De 13 reuniones en ninguna han estado presentes los secretarios”, también dijo.
Las modificaciones al dictamen
El dictamen tuvo una adenda presentada por Monreal. Dicha adenda se centró en detallar cada uno de los puntos sobre la participación del Ejército de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Además, incluyó que la Fuerza Armada permanente deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de la Constitución para las tareas de seguridad pública.
El proyecto original que provino de la Cámara de Diputados, a propuesta de una diputada del PRI, solo reformaba el artículo quinto transitorio constitucional para establecer que, durante los nueve años siguientes, en lugar de cinco, a la creación de la Guardia Nacional, el presidente de la República podría disponer de la Fuerzas Armadas.
La modificación al quinto transitorio aprobada por el Senado plantea que el Ejecutivo tendrá que presentar al Congreso un informe semestral, en lugar de anual, como ya establece la reforma de 2019 en el artículo 76.
También se añadió en el quinto transitorio que en el primer semestre de 2023 y hasta 2028, se integrará una comisión bicameral, que citará a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de Defensa Nacional y de Marina.
Dicha comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación y una vez aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal.
El proyecto plantea que, a partir del ejercicio fiscal 2023, el Ejecutivo Federal establecerá un fondo de apoyo a las entidades federativas y municipios, destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.
Señala que un 25% de dicho fondo se asignaría a las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El dictamen tendrá que volver a la Cámara de Diputados debido a los cambios que sufrió.