Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 12 de octubre del 2023.- El Poder Legislativo de Chihuahua, convocó al Congreso de la Unión, a que, en el análisis, discusión y votación, Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, ponderé los efectos negativos que trae sobre las finanzas de los estados, y sobre la capacidad de atención y reacción que tendrán los mismos para con la población.
En tribuna, la diputada Isela Martínez Díaz, recordó que el pasado 03 de octubre, el Poder Ejecutivo Federal, a través de su titular, Andrés Manuel López Obrador, sometió a la consideración del Congreso de la Unión, una iniciativa con la finalidad de expedir una nueva Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo.
Explicó que, dicha iniciativa contiene diversos cambios en la estructura del financiamiento de lo previsto en la legislación vigente de la materia, pretende imponer a las entidades federativas la responsabilidad de destinar recursos para atender desastres y situaciones de emergencias; además, anunció la suplencia de los fondos para la prevención de desastres por instrumentos presupuestarios de carácter federal para la gestión de los riesgos.
Asimismo, mencionó la legisladora, de manera administrativa, se plantea sustituir las declaratorias de emergencia y desastres por “acuerdos”, para establecer una situación de emergencia, con la vigencia que el evento requiera.
Con lo anterior, sentenció la diputada, el Presidente de la República, busca deslindarse totalmente de las responsabilidades que tiene a su cargo; aunado, se propone que las dependencias de carácter federal y paraestatales, únicamente destinen recursos si existe disponibilidad en el presupuesto de egresos que corresponda, es decir, se dejará al arbitrio de unos cuantos la decisión de salvaguardar la vida y la integridad de los ciudadanos en caso de una situación de emergencia; el no prever con anticipación la designación de los recursos necesarios para afrontar dichas eventualidades.
De todo lo expresado es que se desprende la solicitud, de que, en el análisis de Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, se ponderé los efectos negativos que trae sobre las finanzas de los estados, y sobre la capacidad de atención y reacción que tendrán los mismos para con la población.