Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 20 de diciembre del 2023.- Han transcurrido 13 años de aquel fatidica noche en la cual Marisela Escobedo Ortiz perdió la vida en la búsqueda de justicia por el feminicidio de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo a manos de su pareja sentimental, Sergio Rafael Barraza Bocanegra.
Por ese motivo, organizaciones de la sociedad civil alzaron la voz como cada año, no solo para recordarle al Estado mexicano la deuda histórica y en el marco de esa violencia feminicida fue asesinada Rubí Marisol de solo 16 años en Ciudad Juárez en el 2008.
Un año despúes de la muerte de Rubí Marisol, el 16 de noviembre del 2029 la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitió la recomendación del Campo Algodonero donde condenó al Estado mexicano como el responsable de la desaparición y muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monrreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron hallados en el campo algodonero de Ciudad Juárez, el 6 de noviembre del 2001.
Tuvieron que pasar ocho años para que, la violencia feminicida fuera reconocida por organismos internacionales para que a su vez estos obligaran al Estado mexicano a cumplir con el derecho a la vida y la dignidad humana de las mujeres y las niñas.
En medio de ese panorama de violencia e impunidad fue asesinada Rubí Marisol, en manos de su pareja sentimental quien después de asesinarla arrojo sus restos a una marranera, como si la joven madre fuese menos que un nada.
Y tras la búsqueda de justicia, Marisela Escobedo, madre de Rubí Marisol fue asesinada a las puertas de Palacio de Gobierno, hecho vaticinado por la misma activista quien expresó ante medios de comunicación que: “sí me va a venir este hombre a asesinar, que venga y me asesine aquí frente a Palacio para vergüenza del gobierno” y así ocurrió el 10 de diciembre del 2010.
La violencia ejercida por los grupos criminales involucrados y liderados por el feminicida de Rubí Marisol y Marisela Escobedo terminaron por desplazar a la familia Fraire Escobedo, dejando a su paso un halo de impunidad y la evidencia de que el poder del crimen organizado y la ausencia de mecanismos reparadores de justicia no ha logrado concretarse, prueba de ello es el sostenible incremento de violencia feminicida contra mujeres y niñas en Chihuahua, fenómeno que sigue siendo una vergüenza para el Gobierno del Estado a pesar de ser este líderado por una mujer.
En Chihuahua, desde hace 30 años se denuncia la violencia que vivimos en la entidad, mujeres y niñas a lo largo de todo el territorio, a pesar de las diferentes iniciativas el programa Spotlight, la Alerta de Género decretada en agosto de 2021, y la sentencia de Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la prevención, sanción, reparación y erradicación de violencia sigue siendo una de las principales tareas pendientes de los diferentes gobiernos.
Como Marisela Escobedo, son en su mayoría las madres de las víctimas de feminicidio y de las de las personas desaparecidas las que arriesgan su vida para demandar verdad, justicia y reparación.
Por ese motivo, no solo debemos de recordar, sino exigirle a los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus competencias la obligación de garantizar los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, lo que implica necesariamente destinar los recursos económicos suficientes para su atención pues de enero a diciembre del 2023 los feminicidios en Chihuahua han incrementado un 4 por ciento con respecto al 2022, año en el cual se presentaron 41 homicidios por razón de género.
De enero a noviembre del 2023, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia se han contabilizado 43 mujeres víctimas de feminicidio, pero la cifra pudiera incrementarse al finalizar el año.
De estos 43 feminicidios el 68 porciento corresponden a Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, el resto a los demás municipios, es decir que 25 mujeres fueron asesinadas en esta frontera donde fue asesinada hace más de 13 años Rubí Marisol Fraire y donde la CIDH emitió una de las recomendaciones más emblemáticas en la historia de Chihuahua, por la violencia de género contra las mujeres, lo que resulta evidente que los esfuerzos realizados solo se han traducido en apertura de fiscalías, oficinas y campañas publicitarias que no han tenido un resultado palpable para garantizar el derecho a la vida de las mujeres.