Por: La Redacción.
El Paso, Texas., a 23 de febrero del 2024.- Un juez federal expresó el jueves su preocupación por una ley de Texas que daría a la policía amplia autoridad para detener a los migrantes bajo cargos de ingreso ilegal a partir de marzo, y dijo que sería una “pesadilla” si Estados Unidos se convirtiera en un mosaico de estados que aplican leyes distintas de inmigración.
“Eso hace que pasemos de ser los Estados Unidos de América a ser una confederación de estados”, manifestó el juez federal de distrito David Ezra, que no emitió un fallo por el momento. “Eso es lo mismo que la Guerra Civil dijo que no se podía hacer”.
Ezra está examinando una demanda entablada por el Departamento de Justicia federal, en lo que representa la primera prueba jurídica de lo que los opositores han llamado el intento más drástico de un estado para controlar la inmigración desde la ley de Arizona de 2010, que la Corte Suprema derogó parcialmente. Es una de varias batallas jurídicas que Texas está librando con el gobierno del presidente Joe Biden en torno a qué tan lejos puede llegar el estado para tratar de impedir que los migrantes crucen la frontera.
El juez se mostró escéptico durante la audiencia de casi tres horas en Austin, a menudo cuestionando duramente a los abogados que defendían la ley promulgada por el gobernador republicano Greg Abbott.
Ezra, que fue nombrado al puesto por el expresidente Ronald Reagan, no dijo exactamente cuándo se pronunciaría, pero sí indicó que esperaba dar tiempo suficiente para cualquier apelación antes de que la ley entre en vigor el 5 de marzo.
La medida le permitiría a cualquier agente policial de Texas detener a personas sospechosas de entrar ilegalmente en el país. Una vez detenidas, podrían aceptar la orden de un juez de Texas de salir de Estados Unidos o ser procesadas por un delito menor de ingreso ilegal. Los migrantes que no salgan de territorio estadounidense podrían ser detenidos de nuevo y acusados de un delito más grave.
Ezra señaló que tiene experiencia en casos relacionados con cuestiones fronterizas y está familiarizado con las preocupaciones planteadas por Abbott y otros funcionarios estatales sobre los cruces ilegales. Pero dijo que “no se creía” el argumento de que todos los que cruzan la frontera son delincuentes, y señaló que él considera que la “gran mayoría” de los migrantes que entran a Estados Unidos sin permiso son personas en general respetuosas de la ley.
Cuestionó también si el facultar a los jueces locales para expulsar a personas del país pudiera interferir con los procesos o protecciones federales.
El estado señaló declaraciones de funcionarios policiales que dijeron que harían cumplir la ley. Ezra respondió: “Tengo que pronunciarme sobre lo que dice la ley, no sobre lo que ellos dicen que harán o no harán”.
Ezra se irritó mientras discutía con un abogado que representaba al estado, que le dijo que las personas con casos de asilo pendientes que fuesen detenidas con base en la ley no serían expulsadas del país, en virtud de sus protecciones federales.
”¿Simplemente van a la cárcel?”, preguntó Ezra.
“Sí”, respondió Ryan Walters, jefe de la división de litigios especiales de la fiscalía general de Texas, momentos después de decir que “no hay lugar más seguro” que una prisión estatal para que un migrante aguarde el veredicto de su caso en un tribunal de inmigración.
Desde hace meses se han intensificado las tensiones entre el gobierno de Biden y Texas sobre quién y cómo puede patrullar la frontera. El Departamento de Justicia también ha llevado a Texas ante los tribunales por una valla flotante sobre el río Bravo (o Grande), y ha defendido la autoridad de los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para cortar y retirar kilómetros de alambre de púas que el estado ha instalado a lo largo de la frontera.
Gobernadores republicanos de otros estados han respaldado las iniciativas de Abbott. Una fuerte presencia de soldados de la Guardia Nacional de Texas en la ciudad fronteriza de Eagle Pass ha impedido a los agentes de la Patrulla Fronteriza acceder a un parque situado frente al río. Previamente, los agentes solían utilizar el parque para vigilancia y patrullajes, así como para registrar a los migrantes que conseguían cruzar el río Bravo hasta suelo estadounidense.
Grupos defensores de los derechos civiles han argumentado que la nueva ley, conocida como Proyecto de Ley 4 del Senado, podría dar lugar a infracciones de los derechos civiles y a encasillamiento racial.
Los republicanos han defendido la ley, diciendo que probablemente sólo se aplicaría cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. También sostienen que no se utilizaría para perseguir a migrantes que llevan mucho tiempo establecidos en territorio estadounidense porque el cargo de delito menor prescribe a los dos años.