Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 23 de marzo del 2024.- A tres décadas de la muerte de Luis Donaldo Colosio, la Fiscalía General de la República (FGR) sigue fracasando en encontrar la verdad sobre quién mató y, sobre todo, por qué al excandidato presidencial por el PRI aquel 23 de marzo de 1994.
En febrero de 2004, previo al décimo aniversario de la muerte de Colosio, el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, se opuso a la posibilidad de dar carpetazo al caso.
“Yo no quisiera que se le diera carpetazo a este asunto y que llegáramos a la conclusión de siempre, que cuando se trata de crímenes de Estado nunca se conoce el móvil y nunca se sabe de los autores intelectuales”, señaló en conferencia de prensa.
Hoy, 20 años después de esas declaraciones, su administración no ha logrado dar con los autores intelectuales del crimen, Mario Aburto, único sentenciado por el caso, busca no sólo recuperar su libertad sino ser declarado inocente y reclamar al Estado por los actos de tortura que, afirma, sufrió.
Cinco fiscales han pasado por el caso durante estos 30 años y ninguno de ellos pudo sustentar en tribunales, todavía, la teoría del segundo tirador ni la existencia de un complot en contra de Colosio.
La actual fiscalía buscó aferrarse a la teoría del segundo tirador, pero en enero pasado recibió un revés luego de que el juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, rechazó librar una orden de aprehensión contra Jorge Antonio “S”, exagente del CISEN asignado a cubrir al excandidato, a quien la FGR señala de acordar con Aburto el homicidio de Colosio basándose en el testimonio de una mujer que, según concluyó el juzgador, no es fiable porque modificó sus dichos 25 años después.
En su momento, la FGR reprochó la decisión del juez, pues afirmó que no sólo contaba con ese testimonio sino también con la prueba de rodizonato de Jorge Antonio “S” para acreditar que disparó un arma en las mismas fechas en las que se encontraba en Lomas Taurinas, Tijuana. Sin embargo, no precisó si existen evidencias de que esa arma fue disparada específicamente contra Colosio.
Apenas ocurrió el homicidio de Luis Donaldo Colosio y el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari ordenó la creación de la Fiscalía Especial para el caso por la que, hasta el año 2000, habían pasado cuatro fiscales que intentaron, sin éxito, llegar a una verdad convincente.
El primero de ellos fue Miguel Montes García (fallecido en septiembre de 2020), a petición expresa de la viuda de Colosio, Diana Laura Riojas, y concluyó su gestión a mediados de julio de 1994 señalando a Mario Aburto como el único autor material e intelectual del homicidio del excandidato. Ello, pese a que inicialmente Montes García presentó la teoría de un complot y el segundo tirador.
Luego de dejar la investigación le sustituyó Olga Islas, quien permaneció al frente del caso hasta noviembre de 1994, cuando consignó la averiguación previa contra Aburto con la que fue condenado a 45 años de cárcel.
Olga Islas. Dejó el caso en 1994. Foto: Archivo Proceso.
Posteriormente fue designado Pablo Chapa Bezanilla, quien intentó retomar la teoría del segundo tirador.
Por ello fue detenido Othón Cortez, chofer del CEN del PRI en Baja California, supuesto “segundo tirador”, quien fue exculpado por el entonces juez federal y hoy ministro de la Corte Jorge Mario Pardo Rebolledo.
En 2019, Cortez dijo que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar el pago de daños y que el gobierno mexicano le pida perdón, pues considera que su vida quedó destruida luego de ser señalado como el segundo homicida de Colosio.
Chapa Bezanilla salió de la PGR luego del escándalo de la vidente consultada por la institución para esclarecer el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, exsecretario general del PRI, ocurrido poco tiempo después del homicidio de Colosio.
Fue así como el cuarto fiscal llegó al caso, Luis Raúl González Pérez, en septiembre de 1996 quien, según afirmó en marzo de 2014 a través de su columna para el diario Milenio, encontró el expediente inmerso en investigaciones contradictorias.
Por ello, la gestión del exombudsman nacional se dedicó a reconstruir la investigación paso a paso agrupando temáticamente las dudas en torno a la muerte del excandidato.
Así, inició 22 líneas de investigación en las que fueron analizados momento y circunstancias; atención médica, intervenciones quirúrgicas y necropsia; videos del mitin, circunstancias sobre el sonido del momento del atentado; transformación posterior de Lomas Taurinas; homicidios presuntamente vinculados al caso; versiones de personas que dijeron haber tenido información previa del atentado; identidad, interrogatorios, traslados, custodia y supuesta tortura de Mario Aburto; cuerpos que participaron en la seguridad; antecedentes del arma utilizada en el ataque; entorno político en que se desarrolló la campaña electoral y versiones sobre la posible participación del narcotráfico en el homicidio.
Todo para determinar quiénes eran los autores materiales del atentado.
La investigación de González Pérez concluyó en el año 2000 confirmando que el autor material del caso fue Mario Aburto y que no hay evidencia de que actuó en conjunto con otros o que le ordenaran asesinar a Colosio.
Sin embargo, en esa única revelación que el exfiscal ha realizado sobre el caso señaló que su investigación no afirmó que se tratase de un asesino solitario sino que la PGR no tenía evidencia todavía de que existiera otro participante.
Por ello mantuvo la averiguación previa en reserva o en espera de mayores datos para justificar su reapertura o que hiciesen variar las conclusiones alcanzadas.
La reapertura de la investigación ocurrió hasta el año 2022, en esta administración, en la que el caso no ha avanzado y las posibilidades de encontrar la verdad se desvanecen cada vez más con el paso del tiempo.
El homicidio de Colosio ocurrió en marzo de 1994 y apenas nueve meses después, en diciembre de ese mismo año, un juez de procesos penales federales en el Estado de México dictó sentencia condenatoria en contra de Mario Aburto Martínez, hasta ahora el único detenido y sentenciado por este caso.
Aburto fue condenado a pasar 45 años en prisión con base en el delito de homicidio contemplado en el Código Penal Federal.
La investigación fue atraída casi de inmediato por la Procuraduría General de la República (PGR), que le fincó el homicidio contemplado en el Código Penal Federal bajo el argumento de que se dio una figura jurídica conocida como “concurso de delitos”, que establece que el ministerio público federal puede conocer de delitos locales cuando en un mismo evento se cometan delitos del fuero federal.
En el caso Aburto, la PGR argumentó que además del homicidio de Colosio cometió el delito de portación de arma de fuego sin licencia, mismo que es del fuero federal.
Asimismo indicó que debido a que Colosio era un candidato a la Presidencia de la República por el PRI, se debía considerar que Aburto cometió un delito electoral que, por su naturaleza, es de competencia federal, además de que el aspirante presidencial tenía la calidad de funcionario o empleado federal.
Finalmente, la PGR señaló que por razones de seguridad, Aburto debía ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social en Almoloya de Juárez debido al impacto del delito que cometió, por lo que al permanecer en un penal federal su caso era competencia de un juez del mismo fuero.
Sin hacer un desvanecimiento de pruebas ni afectar la declaratoria de culpabilidad de Aburto sobre el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal declaró en octubre de 2023, es decir, 29 años después, que el juicio fue resuelto por un juez que no tenía competencia en el caso.
En el amparo directo número 104/2021 los magistrados consideraron que aunque la PGR sustentó adecuadamente la competencia para llevar a Aburto ante un juez federal, éste debió aplicar el Código Penal de Baja California, porque el hecho de que la ley otorgue la facultad al juzgador federal de resolver casos en los que existan delitos locales y federales al mismo tiempo, ello no implica que al momento de sancionar los ilícitos del fuero común ignore las leyes aplicables a los mismos y lo haga conforme al Código Penal Federal.
Es decir, que aunque el juez federal podía juzgar el caso, esto no significaba que el delito local, homicidio, podía convertirse también en uno federal sólo porque Aburto había cometido el delito federal de portación de arma de fuego sin licencia.
De este modo, el Colegiado abrió la puerta a que Aburto salga de la cárcel 15 años antes de lo previsto, sin embargo, gracias a una impugnación de la FGR el amparo permanece estancado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Gertz Manero. Actual fiscal general de la República. Foto: Octavio Gómez.
Allí, la ministra Margarita Ríos Farjat prevé desechar el recurso de la fiscalía para que el amparo de Aburto quede firme y pueda salir en las próximas semanas o meses, pues la Corte no tiene términos precisos para resolver los asuntos.
Proceso informó el pasado 13 de marzo que Arturo Ramón Robles Feria, defensor de Mario Aburto, comentó en entrevista que aunque logre liberar al único sentenciado por este caso antes de cumplir los 45 años en prisión, esto no significa que no insistirán en acreditar su inocencia.
Aburto está confeso del homicidio de Colosio, pero la principal arma que tiene hasta ahora para defenderse es el alegato de tortura, que ya fue avalado desde el año 2021 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), instancia que incluso dio cuenta de que las autoridades penitenciarias habían mantenido incomunicado a Aburto.
Conclusión de la CNDH
En su recomendación la CNDH concluyó que elementos de la entonces Policía Judicial Federal de la PGR y los agentes del Ministerio Público federal que intervinieron en la detención y las primeras diligencias de investigación y el traslado de Aburto al Cefereso del Altiplano incurrieron en actos de tortura, al igual que los custodios de dicho penal.
“Las nuevas consideraciones y hallazgos advierten violaciones graves a derechos humanos, por ello, la CNDH establece que la FGR deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima; además, estas nuevas diligencias se deberán abordar sin perjuicio y con perspectiva pro homine, aportar como prueba la propia Recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado.
“Esta nueva investigación o la reapertura de la anterior tendrá como finalidad subsanar deficiencias y llegar al pleno esclarecimiento de los hechos, que permitan a la víctima y a la sociedad mexicana acceder al derecho a la verdad de manera individual y colectiva de las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas, y que el Estado responda por sus actos, no sólo a través de acciones de reconocimiento y reparación integral del daño, sino también mediante acciones y políticas de no repetición, para que hechos de este tipo no vuelvan a suceder al margen de la protección y garantía de los derechos humanos de cualquier persona, con el fin de romper el círculo de impunidad e injusticia que por décadas ha lastimado a nuestro país”, recomendó la CNDH.
Fue así como la FGR inició una carpeta de investigación por estos hechos, pero en febrero pasado el organismo autorizó al ministerio público federal no proceder penalmente contra ningún exfuncionario denunciado, entre los que se encuentran Manlio Fabio Beltrones y el expresidente Carlos Salinas de Gortari.
Contra esa autorización Aburto puede tramitar un amparo para intentar obligar a la FGR continuar con la investigación y lograr acreditar que fue torturado para confesar que mató a Colosio, lo que podría tambalear por completo el caso que ha sustentado la Fiscalía desde hace 30 años sin que, hasta el momento, cuente con un “plan B”.