Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 11 de marzo del 2024.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) logró una sanción económica e inhabilitación para un servidor público, quien aprovechado su puesto como encargado del Plan Emergente de Apoyo para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas afectadas por la pandemia de COVID-19 validó e instruyó el pago de apoyos a favor de su padre y a una empresa de la que él mismo era socio.
El pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) votó por unanimidad la existencia de responsabilidad con una sanción por 67 mil 261 pesos e inhabilitación por 10 años para el imputado de iniciales ABGV, por falta administrativa grave bajo la actuación de conflicto de interés y abuso de funciones, cuya conducta fue detectada por la ASE durante la auditoría al ejercicio 2020 del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua (FIDEAPECH).
De acuerdo con el Informe Individual de la Auditoría Forense 2020 al FIDEAPECH, se observó una irregularidad en la entrega de subsidios autorizados por el servidor público en mención, quien teniendo acceso por medio de una contraseña asignada para validar documentación e instruir pagos aprobó las solicitudes como beneficiarios y posterior pago a su padre y otra empresa de la que él junto con su hermano son socios, por un monto en conjunto de 67 mil 260 pesos.
Dentro del mismo informe consta que el FIDEAPECH ofreció la aclaración del hallazgo, aludiendo hubo una la carga excesiva de trabajo por una demanda alta del programa en mención que fue administrado por el FIDEAPECH y surgió ante una situación de urgencia, por la instrucción del Gobierno del Estado para desplegar el recurso destinado como estrategia económica derivada de la pandemia por COVID 19, por lo que se tuvo que incluir personal de diferentes áreas laborales y además la planeación de la operación se fue dando de manera progresiva por etapas según la necesidad del proceso del que fue parte el servidor público señalado.
El Órgano Fiscalizador consideró que la respuesta del ente no presentó argumentos concretos y específicos para aclarar las conductas irregulares señaladas y turnó el informe ante la Coordinación de Investigaciones I, área perteneciente a la ASE encargada de dar seguimiento e integración del expediente que posteriormente fue remitido al TEJA para su resolución, cuyo resultado fue de existencia de responsabilidad y la sanción señalada.
Cabe mencionar que, con esta, son dos las sentencias con responsabilidad de servidores públicos estatales obtenidas y 12 en total las logradas por conductas detectadas durante diferentes procesos de fiscalización de la ASE